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Jurídico, Mercantil, 20/11/20

Cambio del órgano de administración en caso de fallecimiento del administrador mancomunado.


Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 22 de octubre de 2020.

 

En la Resolución de la DGSJFP (antigua DGRN) del pasado 22 de octubre de 2020, ese órgano directivo ha estudiado un supuesto en el cual una sociedad limitada con un órgano de administración compuesto de dos administradores mancomunados, cuando uno de ellos falleció, el administrador superviviente procedió a convocar junta en cuyo orden del día se incluyó la modificación de la forma del órgano de administración, pasando de dos administradores mancomunados a un administrador único, convirtiéndose el administrador mancomunado superviviente en administrador único.

Cuando la escritura pública que elevó a público esos acuerdos fue presentada para su inscripción ante el Registro Mercantil, éste calificó negativamente la misma, denegando su inscripción. Los motivos que condujeron al mismo a esa posición fueron el tenor literal del artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, que literalmente establece:

Artículo 171. Convocatoria en casos especiales.

En caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores solidarios, de alguno de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, sin que existan suplentes, cualquier socio podrá solicitar del Secretario judicial y del Registrador mercantil del domicilio social la convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores.

Además, cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con ese único objeto.”

Acogiéndose al tenor literal del último párrafo del citado artículo, el Registrador estimó que en caso de convocatoria de junta por el administrador mancomunado superviviente, el orden del día de la junta convocada debía circunscribirse exclusivamente a nombrar un administrador que sustituyera al fallecido, sin que la junta pudiera tratar cualquier otra cuestión, de lo que se desprende que si la compañía pretendía modificar la estructura de ese órgano de administración, debería, con posterioridad, convocar nueva junta con ese propósito.

Frente a esta postura tan rigorista del Registrador, el notario autorizante de la escritura no inscrita, entre otras cuestiones, alegó en defensa de la legalidad de los acuerdos adoptados que la junta general es el órgano competente para nombrar y cesar los administradores así como para modificar la forma de organización de la administración social y que en el caso de estudio, la convocatoria de la junta contemplaba, alternativamente, tanto la sustitución del administrador mancomunado fallecido como la modificación del sistema pasando a un administrador único, de modo que el derecho de información de los socios quedó preservado al incluirse el acuerdo adoptado en el orden del día de la convocatoria.

La resolución de la DGSJFP optó por estimar el recurso interpuesto y revocar la resolución del Registro, aceptando la inscripción de los acuerdos adoptados.

En la misma afirma que “(…) la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus competencias está condicionada no sólo a que lo hayan sido por la mayoría legal o estatutariamente exigible, sino, como requisito previo, a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (cfr. artículo 174 de la Ley de Sociedades de Capital) incluyendo el orden del día (…)” para posteriormente argumentar que “Esta exigencia cumple la doble finalidad de brindar a los socios un cabal conocimiento de los asuntos sobre los que son llamados a pronunciarse, permitiéndoles informarse y reflexionar sobre el sentido de su voto, así como decidir sobre la conveniencia de asistir o no a la reunión, y garantizarles, por otra parte, que no podrá tomarse ninguna decisión sobre asuntos acerca de los cuales no se preveía deliberar ni adoptar acuerdo alguno (…)”.

Finalmente, y para sustentar la decisión adoptada, sostiene “Que cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo puedan convocar la junta general para el nombramiento de administradores, incluso sin figurar en el orden del día, con ese único objeto (con la finalidad de evitar la paralización de la compañía), de manera que una vez cubierta la vacante del administrador fallecido puedan ya convocar conforme a las reglas generales un orden del día más amplio, no debe impedir que, cumpliendo los requisitos generales de convocatoria y respetando el derecho información a través de la fijación del orden del día, pueda adoptarse el cambio de estructura del órgano de administración a favor del sistema de administrador único, cuando lo que se pretende es precisamente no suplir la vacante.”

La decisión de la DGSJFP parece de lo más razonable, permitiendo que en una sola junta la sociedad pueda optar entre sustituir al administrador mancomunado fallecido o pasar a un administrador único (siempre que ello figure en el orden del día de la junta convocada), evitando a la sociedad tener que convocar dos juntas, una para nombrar a un administrador mancomunado transitorio y la otra para cambiar el sistema de organización del órgano de administración. El sentido de la resolución parece que sigue la tímida tendencia en el sentido de tratar de simplificar la vida orgánica de las sociedades, evitando trámites superfluos que nada aportan y que solamente pueden sostenerse desde una aplicación rigorista de la normativa societaria.

Lo que parece dudoso es que en esa junta convocada al amparo de lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, se puedan incluir cuestiones distintas al nombramiento de administradores.

 

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Andreu Pujol i Camps

Andreu Pujol i Camps

Socio Profesional at Àmbit jurídic i econòmic
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y máster en Derecho Empresarial por la misma universidad, trabajó en el despacho Alonso-Cuevillas Advocats y más tarde se incorporó al departamento Procesal Civil y Mercantil del despacho Bufete Bueno Bartrina. A continuación entró en el equipo del estudio Casamitjana-Cuyas-Morales, y luego continuó su carrera laboral en el Bufete Herrera Advocats, en el departamento Mercantil y de Litigación. En noviembre de 2015 se incorporó, en calidad de socio profesional, aÀmbitJurídic i Econòmic, SLP, para responsabilizarse del área Mercantil y Concursal.
Andreu Pujol i Camps

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