El deber de diligencia de los administradores sociales de las sociedades de capital.
Publicada el 03/12/17
Jurídico, Mercantil,

En el presente artículo, nos ocuparemos de una cuestión de suma importancia para quienes ocupen el cargo de administrador de una sociedad de capital (sociedad limitada o sociedad anónima), como son los deberes de los administradores y, específicamente, el deber de diligencia.

El cargo de administrador social (sea cual sea la forma que el mismo adopte, administrador único, mancomunados, solidarios, o consejo de administración) conlleva una serie de facultades, pero también una serie de obligaciones y deberes.

No serán objeto del presente artículo las muchas obligaciones que las normas de aplicación imponen a los administradores sociales en el ejercicio de su cargo (obligación de formular cuentas anuales, obligación de convocar juntas de socios en determinados supuestos, etc.) sino de uno de los dos deberes (junto con el de lealtad) que con carácter general los artículos 225 a 232 de la Ley de Sociedades de Capital imponen a los mismos en el ejercicio de su cargo: el deber de diligencia.

Deber de Diligencia.

El primero de los deberes que la Ley impone a los administradores, no es otro que el de desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado empresario. Dicho parámetro de comportamiento se erige en una pauta de conducta para los mismos, de manera que a los efectos de valorar la diligencia de los mismos en el ejercicio de su cargo y del cumplimiento de sus obligaciones impuestas por la Ley y los Estatutos, se valorará si han actuado de conformidad con ese patrón.

A su vez, dicho deber genérico se desdobla en una serie de deberes que son concreción del mismo.

 

1.1.- Deber de ejercer efectivamente el cargo.

Los administradores son nombrados para llevar a cabo la efectiva administración y representación de la sociedad y ello exige una conducta activa por su parte, su decidida implicación en el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden, tanto de gestión, como de representación e impulso de la vida social (convocatoria de Junta, formulación de CCAA, redacción de informes, etc.).

 

1.2.- Deber de vigilancia y supervisión.

El deber de diligencia exige vigilar la sociedad de forma activa y continuada, correspondiendo la iniciativa en la supervisión a los administradores. Deben adoptar todas las medidas que resulten precisas para hacer efectivo ese control, supervisando las personas y órganos en quienes deleguen sus facultades y conociendo las decisiones más relevantes de gestión que se toman.

Lógicamente la valoración de la conducta de los administradores a los efectos de comprobar si en su actuación se han sujetado a ese deber, deberán valorarse apropiadamente los elementos concurrentes en el caso, como por ejemplo el tipo de sociedad (si la misma es una pequeña o mediana entidad con una estructura organizativa simple o si es una gran compañía con una gran estructura organizativa) o la forma del órgano de administración (si hay un órgano de administración con una forma simplificada con un administrador único, o varios solidarios o mancomunados, o si, por el contrario, estamos en presencia de un consejo de administración con gran número de integrantes), pues esas circunstancias determinarán como se debe enjuiciar la conducta de los administradores.

 

1.3.- Deber de informarse.

Los administradores sociales tienen el deber y el derecho de recibir información adecuada para ejercer su cargo y funciones, pues obtener y analizar informaciones resulta fundamental para una actuación diligente, habida cuenta que solamente los administradores bien informados pueden adoptar las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad.

Dicho derecho tiene carácter ilimitado, pues se extiende a cualquier información o dato necesario para ejercer su cargo.

 

1.4.- Protección de la discrecionalidad empresarial.

El cargo de administrador, por su propia naturaleza, conlleva la necesidad de la toma de decisiones en el ámbito estratégico y negocial de la compañía. Ese tipo de decisiones son tomadas de forma continuada en el seno de las sociedades de capital y su adopción incorpora una clara componente de incertidumbre en cuanto a su resultado futuro. En ese sentido, cualquier decisión en ese campo puede acabar resultando en un acierto, pero también en un error.

Por ello las obligaciones que asumen los administradores al aceptar el cargo no comportan la obligación de asegurar el acierto en todas las decisiones organizativas, estratégicas y de negocio, ni el éxito económico de todas sus decisiones, es decir, no puede valorarse si un administrador ha sido diligente en la toma de decisiones solamente en función del acierto o el éxito de esa decisión.

Por ello, la norma que el legislador ha establecido para enjuiciar si la toma de decisiones ha cumplido con el deber de diligencia, consiste en que ese tipo de decisiones se entenderán adoptadas de forma diligente siempre que en la toma de decisiones concurran los siguientes elementos:

  • Que el administrador haya actuado de buena fe.
  • Que el administrador actúe sin interés personal en el asunto.
  • Que la decisión sea adoptada en presencia de información suficiente.
  • Que la decisión sea adoptada con arreglo a un proceso de decisión adecuado.

El incumplimiento del deber de diligencia por parte de los administradores, en caso que el mismo ocasionara perjuicios a la sociedad, a sus socios, o a terceros, podría llegar a generar la responsabilidad de los administradores frente a los mismos.

Andreu Pujol i Camps

Andreu Pujol i Camps

Socio Profesional at Àmbit jurídic i econòmic
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y máster en Derecho Empresarial por la misma universidad, trabajó en el despacho Alonso-Cuevillas Advocats y más tarde se incorporó al departamento Procesal Civil y Mercantil del despacho Bufete Bueno Bartrina. A continuación entró en el equipo del estudio Casamitjana-Cuyas-Morales, y luego continuó su carrera laboral en el Bufete Herrera Advocats, en el departamento Mercantil y de Litigación. En noviembre de 2015 se incorporó, en calidad de socio profesional, aÀmbitJurídic i Econòmic, SLP, para responsabilizarse del área Mercantil y Concursal.
Andreu Pujol i Camps


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